Operadores de autobús y tren

Las agresiones reportadas contra trabajadores de transporte aumentaron más de 232% de 2014 a 2024, según la lectura del sindicato Amalgamated Transit Union de un informe de la Administración Federal de Tránsito — en parte porque se ampliaron las reglas federales de reporte.

California respondió con la AB 394, firmada el 1 de octubre de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026. Extiende la ley de agresión contra trabajadores de transporte a todo empleado y contratista de un proveedor de transporte público, no solo a los operadores — con una pena de hasta $10,000 y/o hasta un año de cárcel del condado, o hasta tres años de prisión estatal si la víctima resulta lesionada — y confirma que las autoridades de poderes conjuntos y los operadores de transporte pueden solicitar órdenes de restricción por violencia laboral.

Qué significa para su reclamo. Una agresión en el trabajo es una lesión compensable — y abre algo que casi ningún trabajador lesionado puede obtener.

Para lesiones desde el 1 de enero de 2013, la ley prohíbe aumentar la calificación por “disfunción del sueño, disfunción sexual o trastorno psiquiátrico” derivados de una lesión física. La ley exceptúa la lesión por “ser víctima de un acto violento o exposición directa a un acto violento significativo.”

Un operador que sufre un ataque físico puede quedar dentro de esa excepción — no todo incidente califica; la Junta de Apelaciones mira qué tan violento o amenazante fue el acto — y las consecuencias psiquiátricas de ser atacado dentro de una caja de metal cerrada de la que no puede salir suelen ser la lesión más duradera.

Y el estándar de causalidad baja. Un reclamo psiquiátrico normalmente requiere demostrar que los eventos del empleo fueron predominantes respecto de todas las causas combinadas. Para una víctima de acto violento, la ley solo requiere “una causa sustancial — al menos 35 a 40 por ciento de la causalidad de todas las fuentes combinadas.”

Dos cosas que hacer inmediatamente después de una agresión: repórtelo por escrito y presente un reporte policial, y pídale a su patrón el Registro de Incidentes Violentos.

Desde el 1 de julio de 2024, la ley exige que casi todo patrón en California mantenga un Plan de Prevención de Violencia Laboral por escrito y un Registro de Incidentes Violentos — con la fecha, la hora, el lugar, el tipo de violencia y las consecuencias de cada incidente — y que ponga esos registros a disposición de los empleados y sus representantes.

Un historial documentado de agresiones en su ruta o línea, sin que se hiciera nada, es el centro de una petición — un 50% más, pagado directamente por el patrón. Plazo de 12 meses.

Muchos operadores trabajan para agencias públicas, lo que significa que un proceso de incapacidad del sistema de retiro corre paralelo al reclamo de compensación laboral — con un estándar distinto, decidido por gente distinta, usando informes escritos para el otro procedimiento.

El § 4850 generalmente no aplica a los operadores de transporte; cubre las clasificaciones de seguridad pública que la ley nombra. Su contrato colectivo puede dar algo comparable — revíselo.